Fiscalía intenta despojar un terreno con amenazas y 15 patrullas de ministeriales

Tijuana.-Este día la Fiscalía General del Estado movilizó a más de 40 agentes ministeriales para intentar despojar al ex gobernador Alejandro González Alcocer y a la licenciada Virginia Anaya de un terreno en la colonia Leandro Valla, colindante con Hacienda Agua Caliente. 

El gran operativo con más de 15 patrullas, se vio frustrado cuando los abogados acreditaron que se encontraban en posesión del predio, mostrando además documentos de más de 50 años de antigüedad de propiedad de su representada así como un amparo concedido por un juez federal.

De manera extraoficial, se habla de que el magnate y amigo del Fiscal, Rafael Carrillo Barrón, presidente de club de básquetbol Zonkeys de Tijuana, quien ha amasado fortunas enormes por medio de despojos de terrenos en la zona de Hacienda de Agua Caliente, es el interesado de ocupar el bien inmueble en cuestión. 

El Ministerio Público Arturo Gutiérrez Tovar, titular de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado en Baja California se apersonó alegando que hace unas semanas una tercera persona interpuso una denuncia de despojo en el terreno, sin que se les notificara a las partes, y con ellos pretendía asegurar el inmueble entregarlo a la supuesta parte denunciante. 

El Ministerio Público Arturo Gutiérrez Tovar, se hizo acompañar de otras personas quienes se identificaron como Adolfo Rodríguez y Héctor Alfonso.

El representante de la fiscalía, quien solo llevaba en mano una carpeta de investigación elaborada por su unidad, no pudo mostrar algún plano para identificar si efectivamente se trataba del mismo terreno, lo cual era solicitado por los abogados que defendían su patrimonio.

Cuando los abogados le observaron al MP que en su carpeta de investigación existían irregularidades y no tenía sustento para despojarlos, le cuestionaron bajo qué artículo o dispositivo legal pretendía asegurar su terreno, los amenazó con arrestarlos, por lo que les dio 5 minutos para retirarse.

No obstante, los apoderados atendieron a los medios de comunicación para denunciar que se trataba de un abuso de autoridad, además de exhibir documentos oficiales en donde la justicia federal les otorgaba un amparo por medio de un juez de distrito.    

Tras las amenazas y no poder consumar su intención, las decenas de policías y el agente del Ministerio Público se retiraron del lugar, sin reparar los daños causados a los cercos que destruyeron para poder ingresar al predio.