Consejerías Electorales Revocan Resolución Judicial en Contra de la Alcaldesa de Tijuana

Baja California, 5 de septiembre de 2024– Las Consejerías Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California han revocado una resolución judicial que protegía los derechos políticos de Monserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de Tijuana. La decisión, anunciada recientemente, ha generado controversia por lo que muchos consideran una violación a los derechos políticos de la funcionaria.

El 13 de agosto de 2024, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California había dictado una medida en el expediente JC-227/2024 en favor de la alcaldesa, garantizando su derecho a participar en procesos políticos sin restricciones indebidas. Sin embargo, la reciente resolución de la autoridad electoral administrativa, que revoca la medida del tribunal, ha levantado inquietudes respecto a su legalidad y a su impacto sobre la autonomía de las decisiones judiciales.

En su resolución, la autoridad electoral establece tres puntos claves:

1. **Revocación de la medida judicial**: Se revoca la medida dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, dejando sin efecto la resolución previa que protegía los derechos políticos de Caballero Ramírez.

  

2. **Improcedencia de medidas cautelares**: Declara improcedente la emisión de medidas cautelares, según se establece en el considerando quinto del acuerdo.

3. **Instrucción de notificación**: Ordena a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California que notifique de inmediato esta determinación.

La revocación de una resolución judicial por una autoridad administrativa, como la Consejería Electoral, ha sido calificada por expertos en derecho electoral como un acto inusual y posiblemente ilegal. Algunos analistas afirman que este hecho sienta un peligroso precedente que podría afectar la autonomía judicial y los derechos políticos de los funcionarios públicos.

Por su parte, la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez aún no ha emitido una declaración oficial sobre la decisión, pero sus abogados han adelantado que impugnarán la resolución, argumentando que representa una clara violación de sus derechos políticos.

El caso continúa generando debate y expectativa en la esfera política local y nacional, donde se cuestiona si esta acción de la Consejería Electoral respeta los principios básicos del derecho y la justicia.