Inquietud Ciudadana por Escoltas Armados en Oficinas del Ayuntamiento de Tijuana

Tijuana, B.C.— La presencia de escoltas armados en oficinas municipales del XXV Ayuntamiento ha generado inquietud entre la ciudadanía, especialmente en áreas como la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, dirigida por José Antonio Olivas Heredia, conocido como “Tomate”. 

La situación fue llevada por un medio local a la conferencia de prensa del alcalde Ismael Burgueño. En su respuesta, el mandatario afirmó que “no importa el número de escoltas” que tengan los funcionarios, ya que su “responsabilidad es protegerlos”. Esta declaración provocó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios señalaron que la prioridad del gobierno debería ser la seguridad de la ciudadanía, tal como Burgueño lo prometió durante su campaña.

Ciudadanos que acudieron a realizar trámites en la Dirección de Inspección y Verificación denunciaron sentirse intimidados por la presencia de escoltas armados. “Hombres armados” en el lugar, aseguran, representan una barrera para el cumplimiento de sus trámites, lo que ha dificultado la continuidad de sus actividades comerciales.

En defensa de estas medidas, el alcalde justificó que la protección de los funcionarios responde a un análisis de riesgo. Según Burgueño, debido a la naturaleza de sus labores, algunos servidores públicos necesitan escoltas para poder desempeñarse de manera eficaz.

“Yo tengo que dar resultados en la administración, y voy a proteger al funcionario que tenga que proteger porque están bajo mi responsabilidad. Debemos ser claros: no se trata de criticar a quien tenga escoltas, es parte de su labor”, puntualizó.

Sin embargo, la declaración del alcalde ha dejado a muchos ciudadanos insatisfechos. Consideran que, si bien el gabinete tiene protección inmediata, la población sigue desatendida. En varias colonias de Tijuana se reporta un déficit de patrullas y policías, lo que incrementa la incidencia de robos, asaltos y otros delitos.

Este episodio ha encendido el debate sobre las prioridades en materia de seguridad, cuestionando si las necesidades de los funcionarios deberían estar por encima de las demandas de una comunidad que se siente cada vez más vulnerable ante la inseguridad.